Revisionismo histórico con apoyo presidencial
Mauricio
Pérez
21 agosto, 2020
La
Asociación Toda la Verdad, integrada por familiares de «víctimas de la
sedición», reclamó una revisión de los libros de historia sobre el pasado
reciente para intentar cambiar el relato de lo que pasó en las décadas de 1960
y 1970 en Uruguay. También pidieron una ley de reparación económica, algo que
–según dijeron– tiene todo el apoyo del presidente de la república.
Esto marca un hito», afirmó Diego
Burgueño, minutos después de reunirse con el presidente, Luis Lacalle Pou, ayer
jueves. Burgueño, hijo de Carlos Burgueño, un civil muerto el 8 de octubre de
1969 tras recibir una bala perdida en un tiroteo entre integrantes del
MLN-Tupamaros y la Policía, durante la denominada Toma de Pando, es uno de los
referentes de la Asociación Toda la Verdad, que nuclea a familiares «víctimas
de la sedición».
Según Burgueño, esta fue la primera
vez que un presidente en ejercicio recibió a la asociación, «una parte de la
sociedad que ha sido olvidada con premeditación y alevosía, que ha sido puesta
abajo de una alfombra». La reunión fue positiva, dijo, ya que pudieron
plantearle buena parte de sus inquietudes. Pero lo más relevante fue la
receptividad del presidente, quien les expresó su respaldo.
Burgueño dijo que el objetivo de la
organización «no es confrontar, sino pacificar, terminar con la espiral de
odio» que a su juicio persiste en Uruguay. Por eso, este grupo pretende
reunirse con la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos,
cuyo reclamo de búsqueda de la verdad, según Burgueño, «es justo». En este
sentido, dijo que una de las propuestas supone instalar un recordatorio que
diga, simplemente: «Nunca más violencia entre uruguayos».
Ese proceso requiere cambiar el
relato histórico de lo que sucedió en Uruguay hace medio siglo. Por este
motivo, la asociación solicitará una reunión con el ministro de Educación y
Cultura, Pablo da Silveira, y con el presidente del Codicen, Robert Silva, para
plantearles la revisión de todos los libros de estudio publicados en estos años
«en los que se cuenta una historia, a nuestro parecer, claramente distorsionada
de lo que ocurrió en este país en los últimos 40 años».
«Hasta ahora se ha transmitido a las
nuevas generaciones una idea trágicamente errónea de heroicidad. Lo primero es
que se denomina guerrillero a quien fue terrorista; se les colocan plaquetas de
recordación a personas que fueron asesinos de nuestras familias. Es [la
construcción de] un relato falso, amnésico o recortado de hechos que no se han
contado», dijo Burgueño. Este encuentro, estiman, se producirá en breve, ya que
el presidente estuvo de acuerdo con la idea.
En este sentido, la asociación refiere
a un universo de 78 personas muertas a manos de la guerrilla, entre civiles,
policías y militares. Sin embargo, Burgueño afirma que puede haber otros casos,
ya que hay personas que en su momento fueron amenazadas y no se atrevieron a
denunciar la muerte de sus familiares. La extensión temporal es arbitraria, ya
que el dato incluye personas fallecidas entre 1952 y 1974, como resultado de la
acción del MLN y otros grupos, incluido «el aparato militar del Partido
Comunista». A esto se le sumarían personas heridas o secuestradas, como el
exdirigente colorado Sergio Molaguero.
Un informe del Departamento de Estado
de Estados Unidos, recuperado por la National Security Archive, fechado el 8 de
octubre de 1972 –al que accedió Brecha–,
refiere que entre 1966 y 1972 los grupos guerrilleros fueron responsables de la
muerte de 45 personas en Uruguay, entre militares, policías y civiles. El
primer caso relevado ocurrió en 1966: el policía Antonio Silveyra Regalado
falleció durante un enfrentamiento armado, en el marco de uno de los primeros
procedimientos policiales contra el MLN.
Según el informe diplomático, la
lista incluye 27 policías, diez militares y ocho civiles. Entre los civiles
aparecen Burgueño, el guardia de seguridad Antonio Manuel Tejera (muerto
durante un asalto a una sucursal bancaria), el peón rural Pascasio Báez, Juan
Andrés Bentancur, el chofer de ómnibus Vicente Orosa y el policía retirado Luis
José Barbizón. También están incluidos el exsubsecretario del Ministerio del
Interior Armando Acosta y Lara (señalado como uno de los ideólogos del
Escuadrón de la Muerte) y Dan Anthony Mitrione, un exagente de la CIA que llegó
a Uruguay como jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. En este listado no aparecen Roque Arteche, un exrecluso que
adhirió al MLN en el Penal de Punta Carretas, ni Rafael Guidet Piotti,
fallecido en 1969 al resistirse a un robo en su casa.
OTRO
RELATO
Otro de los asuntos abordados por la
Asociación Toda la Verdad con el presidente refirió a una eventual ley de
reparación a las víctimas. Días atrás el diputado Rodrigo Albernaz (Cabildo
Abierto) aseguró estar trabajando en un proyecto de ley para otorgar una
pensión económica a estas personas: «Creemos que hay que hacer justicia para
todos los lados, y este es un tema pendiente» (El Observador, 11-VIII-20).
Según Burgueño, la asociación está
evaluando algunos proyectos que implican una reparación a todas las víctimas,
incluidos muertos, heridos y secuestrados. Uno de los proyectos está en línea
con la propuesta impulsada por el exdiputado colorado Daniel García Pintos, que
fue enviado por el expresidente Tabaré Vázquez, en 2007, al Parlamento, pero
que no obtuvo el respaldo de la bancada del Frente Amplio.
«Evaluamos una posibilidad que tenga
el apoyo de la mayor cantidad de partidos, que sea una ley espejo de la ley de
reparación a víctimas del terrorismo de Estado», afirmó Burgueño. ¿Cuál fue la
respuesta de Lacalle Pou ante este planteo? «Nos dijo que estaba radicalmente
de acuerdo y que teníamos todo el apoyo.» La idea es que este proyecto incluya
a todas las víctimas sin importar su condición: «Las víctimas son víctimas,
tengan uniforme o no».
Sin embargo, la idea de incorporar a
todo el universo de víctimas tiene un obstáculo: las familias de policías y
militares caídos en actos de servicio ya cobran una pensión. La ley 13.793,
aprobada en 1969, estableció una pensión para «los causahabientes de los
policías fallecidos en acto del servicio propio de la función policial activa,
o con motivo o a causa de dichos actos»; en tanto, la ley 13.911, aprobada en
1970, reguló la pensión para el caso de los militares muertos en actos de
servicio.
La propuesta de cobrar una pensión
económica también fue abordada por los organismos estatales. La Institución
Nacional de Derechos Humanos recibió en 2016 dos solicitudes de víctimas de
acciones del MLN. Las solicitudes fueron presentadas por Rafael Guidet Pascal
–hijo de Rafael Guidet Piotti– y por la familia de Hilaria Quirino, la empleada
herida en la explosión en el Bowling de Carrasco en setiembre de 1970.
En ambos casos, las víctimas
pretendieron ampararse en las leyes 18.033 y 18.596, pero su petición fue
rechazada por el Poder Ejecutivo. Tras recibir la solicitud, la Institución
Nacional de Derechos Humanos reclamó la opinión del Grupo de Trabajo por Verdad
y Justicia, que se pronunció en términos similares: las leyes referían a la
reparación de víctimas del terrorismo de Estado, es decir, de la acción
ilegítima del Estado, pero no incluía a víctimas de los grupos guerrilleros. La
Institución entendió que «el Poder Ejecutivo actuó conforme a derecho»,
aplicando el marco jurídico vigente respecto a leyes de reparación.