FERIADO. Programa ambicioso y desafiante en el que tres religiones coinciden en describir la común medida humana de lo diferente. Tiberíades es el punto focal de un encuentro con un Observador. Chipre se nos muestra…igualmente: diferente. Kenya.
Programa Nº 597 emitido el lunes, 17 de agosto de 2015
Un
recuerdo al contacto con Ricardo Elia, Secretario Cultural del Centro
Islámico de la República Argentina.
Un
lugar, una porción de suelo en la tierra en la que convergen tres importantes
religiones.
La
presencia del Presidente de la primera potencia económica y militar del mundo
en Kenya, no solo por la ascendencia de su padre biológico, el argumento
esgrimido ha sido la discriminación homosexual y la corrupción que ubica al
país en el guarismo 145 de 175 considerados. Pero en esta visita no ha
primado la seguridad personal del primer mandatario del norte, ha sido llevar
adelante materializar una intención nacional de proyectar la presencia de
Estados Unidos en un área DISPUTADA POR CHINA.
Kenya
sufrió en 2013 un atentado en un centro comercial de Nairobi (su capital)
atribuido al Grupo Yihadista Al Shabab, afín a Al Qaeda y originario de
Somalía que arrojó un saldo luctuoso de 67 muertos, más acá en el tiempo, en
abril de este ano una masacre en la Universidad de Garisa con 148 muertos.
Es
desde Tiberias (como ellos dicen) donde Fernando Aguilar nos refiere las
previsiones de seguridad que deben ser adoptadas en territorio de tan frágil
estabilidad.
Con
41 efectivos de nuestra Gendarmería Nacional actualizamos el cuadro de
despliegue Nacional totalizando 385 efectivos uniformados. No son ajenos
lugares tales como Liberia, Costa del Marfil,
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IDENTIFIQUE EL
PROGRAMA EN EL SITIO COMO: Cascos Azules 15 07 27
LA PAZ
INTERIOR
PACIFICACIÓN I
Editorial I http://www.lanacion.com.ar/1819682-memoria-y-reconciliacion
Memoria y reconciliación
La convocatoria de la UCA para reunir
a víctimas de los dos contendientes de la violencia de los años 70 es un gran
ejemplo en la búsqueda de la pacificación
La Universidad Católica Argentina reunió a víctimas ocasionadas por
ambos contendientes en la violencia de los años setenta. La voz de la Iglesia
fue llevada al panel por monseñor Jorge Casaretto, en tanto la senadora Norma
Morandini y Arturo Larrabure representaron, cada uno por su lado, a las
víctimas de la represión y la acción terrorista. Morandini sufrió la
desaparición de dos hermanos en 1977; Larrabure es hijo del coronel Argentino
del Valle Larrabure, secuestrado, torturado y muerto por el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975, al cabo de un largo cautiverio.
La iniciativa es el ejemplo de un
camino apropiado hacia la pacificación. Para la Iglesia no ha sido algo nuevo
porque, a través de diversos pronunciamientos, había señalado antes de ahora un
compromiso en esa misma dirección. Así lo hizo por lo menos desde los tiempos
en que el papa Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires.
Han transcurrido cuatro décadas desde
el apogeo de aquella violencia que tuvo sus primeras manifestaciones a fines de
los cincuenta. Fue un proceso largo, que explotó de manera local con el pequeño
grupo guerrillero de un cabecilla que se hacía llamar "comandante
Uturunco". Había surgido de una derivación extrema de la resistencia
peronista. Luego, aparecieron los Montoneros, con algunas raíces fascistas, y
el ERP, proveniente del trotskismo. Ambos demostraron gran capacidad de acción
y vínculos amplios en el plano internacional de la Guerra Fría.
Desde la aventura guerrillera del
monte se pasó al terrorismo urbano en mayor escala y ya con aspiraciones de
toma inmediata del poder. Desde la reacción inicial frente al derrocamiento del
gobierno de Perón, en 1955, se pasó en los sesenta al objetivo de implantar,
unos el socialismo radicalizado, y otros, formas diversas de colectivismo; pero
todos apelando a la fuerza, tanto frente a gobiernos de facto como
constitucionales.
Los instrumentos empleados por el
Estado también evolucionaron, según el grado alcanzado por la violencia y la
fortaleza de los grupos armados, respecto de cuya magnitud sobresalían aquellos
dos por sobre otros emprendimientos subversivos. El empleo de las agencias de
seguridad y la actuación de la Justicia en el juzgamiento de los guerrilleros
fue puesto a prueba en 1973, cuando el gobierno de Héctor Cámpora disolvió la
Cámara Federal en lo Penal de la Nación y liberó y amnistió a los terroristas
condenados. Además, ese gobierno repudió a los jueces que habían actuado y los
expuso a atentados, uno de los cuales le costó la vida al juez Jorge Quiroga, y
otro más, la existencia de un político ejemplar: Arturo Mor Roig.
La subversión no se detuvo ante nada,
ni siquiera ante la reinstalación de Perón en la Casa Rosada como consecuencia
de las elecciones de septiembre de 1973. Es más: los grupos armados
multiplicaron su violencia, incluidos ataques a cuarteles y asesinatos de policías
y civiles. La represión durante el propio gobierno de Perón comenzó a emplear
métodos de contraterrorismo ilegales mediante la llamada Triple A. Éstos fueron
intensificados por su sucesora, María Estela Martínez de Perón, quien a
mediados de 1975 ordenó por decreto la participación de las Fuerzas Armadas
para "aniquilar el accionar subversivo" en todo el territorio
nacional. ¿Alguien duda de lo que un militar ha de entender si una autoridad
constitucional le ordena "aniquilar" al enemigo? ¿Cuántos dirigentes
del peronismo se opusieron a esa conminación?
Unos meses antes, se había dispuesto
aquello mismo para la provincia de Tucumán. Sea por la actuación de la Triple A
o por la de las Fuerzas Armadas, el balance en ese tramo previo al golpe
militar del 24 de marzo de 1976 fue de 900 desapariciones y de innumerables
hechos que provocaron heridos y muertos, entre civiles y militares, hombres,
mujeres y niños.
No es posible justificar los métodos
aberrantes utilizados en la represión. Menos aún la desaparición de personas o
la apropiación ilegal de menores. Tampoco es de ninguna manera aceptable
justificar la violencia de los grupos terroristas con su secuela de asesinatos
y destrucción de familias y daño moral. Provocaron más de 1000 muertes.
Hubo una guerra interna iniciada por
quienes querían implantar el socialismo brutal que la Unión Soviética y Cuba
deseaban extender en América latina. Contaron con ese apoyo, cuyo propósito no
era acompañar las luchas contra la opresión de las dictaduras locales, como hipócritamente
hoy lo exponen quienes tergiversan la historia. De otro modo, la Unión
Soviética no hubiera sido, como lo fue, solidaria con las juntas militares
argentinas, ni Fidel Castro se hubiera abrazado, como lo hizo durante la Guerra
de las Malvinas, con el canciller Nicanor Costa Méndez.
Las leyes de obediencia debida y
punto final, sancionadas por el Congreso de la Nación a instancias del
presidente Alfonsín, así como los indultos a los condenados de ambos bandos
dispuestos por el presidente Menem, fueron pasos en búsqueda de la
pacificación. Esta voluntad fue desautorizada en 2003 con la anulación, a
nuestro juicio inconstitucional, de tales normas y la decisión hemipléjica de
proceder sólo contra quienes habían reprimido.
Desde entonces se instaló un clima de
confrontación. La profundización de las heridas del pasado fue un instrumento
de manipulación política y de creación de poder. Pasando por encima de
principios esenciales de la Justicia, como lo explicamos en nuestro reciente
editorial "Lesa venganza", fueron sometidos a juicio y encarcelados
miles de oficiales, suboficiales, policías y civiles que debieron haber estado
amparados por las barreras de la cosa juzgada, de la ley más benigna en causas
penales, de la no aplicación retroactiva de leyes penales y de la duda en
beneficio del reo.
No hubo ni hay, en cambio, juicios ni
condenas para los asesinos y cómplices necesarios de los grupos terroristas.
Antes bien, todavía hoy algunos ocupan cargos de gobierno y hasta son
considerados como luchadores por la recuperación de la democracia en lo que
constituye un colmo de hipocresía histórica, sobre todo teniendo en cuenta que
los dos presidentes de apellido Perón habían proclamado la necesidad del
"aniquilamiento".
La asimetría de trato no ha logrado
revertirse mediante acciones judiciales iniciadas por víctimas de la
subversión. Contra la jurisprudencia internacional, el carácter de lesa
humanidad e imprescriptibilidad no ha sido aceptado por nuestra Justicia para
los crímenes del terrorismo. Ha predominado una mirada sesgada de los hechos
ocurridos en los setenta, como se patentizó en la Corte Suprema por los
valientes votos de los jueces Carmen Argibay y Carlos Fayt. El encauzamiento
hacia una reconciliación requiere un profundo y superador examen de conciencia
de todos los involucrados y, particularmente, de la clase política. Su
resultado debiera ser la reconciliación, traducida en una amnistía amplia que
permita luego mirar hacia adelante y construir el futuro en paz y
confraternidad.
La
convocatoria de la UCA se ha elevado, entonces, como un hecho de trascendencia
histórica.
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